Por Ricardo Reyes.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una nueva reunión con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Sebastián Ramírez Mendoza, en un intento por coordinar acciones que supuestamente impulsen el «desarrollo turístico» del estado.
El encuentro contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Turismo, SEDATU, Banobras y otras dependencias federales, además de miembros del gabinete estatal vinculados a turismo, economía e infraestructura. Sin embargo, el anuncio oficial repite una vez más el discurso de un «turismo sostenible» con «crecimiento ordenado» y «respeto al entorno», promesas que contrastan con la realidad que vive la entidad.
A pesar de las palabras del mandatario sobre convertir a Nayarit en un «referente nacional» en turismo sustentable y generar oportunidades para las comunidades, el historial reciente del gobierno estatal genera serias dudas sobre la credibilidad de tales compromisos.
En los últimos años, Nayarit ha sido escenario de escándalos de corrupción inmobiliaria en zonas costeras, recuperación de terrenos mediante operativos cuestionados —algunos calificados como mecanismos de extorsión institucional— y denuncias de amedrentamientos a propietarios para despojar tierras turísticas. Además, persisten señalamientos de fraudes en el sector de tiempos compartidos y afectaciones a extranjeros, sin que se haya visto una resolución clara y transparente.
La insistencia en proyectos de gran escala coordinados con FONATUR revive preocupaciones sobre posibles impactos ambientales en ecosistemas frágiles de la costa nayarita, gentrificación acelerada en destinos como la Riviera Nayarit y el riesgo de que los beneficios terminen concentrados en grandes inversionistas, mientras las comunidades locales siguen esperando mejoras reales en empleo digno y calidad de vida.
Lejos de representar un avance genuino, esta reunión parece más un ejercicio de comunicación oficial que una estrategia concreta para corregir los graves problemas estructurales que aquejan al sector turístico en la entidad. Los nayaritas merecen mucho más que discursos repetitivos y fotos protocolarias: requieren hechos verificables que demuestren un verdadero compromiso con la sostenibilidad y la justicia social, no solo en palabras.
